Comencemos esto por lo verdaderamente importante: nueve años de prisión, nueve, para dos activistas sociales por haber convocado manifestaciones pacíficas, y por haberlas disuelto. Once años, once, para la presidenta del Parlamento (literalmente, acción de parlamentar, de hablar), por haber permitido que se hablara de todo en la cámara catalana. Y hasta trece años de prisión, trece, por haber puesto unas urnas y permitido que se pudiera votar. Y otra víctima más, coyuntural pero necesaria para la acción de la justicia española: el derecho de manifestación, que ha quedado abierto en canal y a expensas de que cualquier juez, cualquiera, vea en alguna otra manifestación pacífica, como las que hubo en Catalunya, como las que paran desahucios, una violencia intrínseca.
En este contexto, las manifestaciones de estos días en Barcelona son utilizadas por el Estado y sus mecanismos de propaganda para tapar la gravedad de la sentencia y de la venganza cometida. El humo de los contenedores que…
En este contexto, las manifestaciones de estos días en Barcelona son utilizadas por el Estado y sus mecanismos de propaganda para tapar la gravedad de la sentencia y de la venganza cometida. El humo de los contenedores que…
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