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| Foto de Egor Myznik | unsplash.com |
Hoy, 22 de junio de 2021, parece ser que el Congreso de Ministros presidido por Pedro Sánchez y formado por miembros del PSOE, el PSC, Podemos, Izquierda Unida y Catalunya en Comú, tomará la determinación de aprobar un indulto parcial a las 9 personas que fueron condenadas por el Tribunal Supremo en relación al “Octubre catalán” de 2017. Desde estas líneas, esos indultos se consideran positivos, pero absolutamente insuficientes.
Una argumentación
en dos tiempos
¿Se imaginan que
ese mismo Congreso de Ministros decidiera aprobar un acto de reparación de las
víctimas del Franquismo, pero sólo reconociera como tales a aquellas personas
que formaron el Gobierno de la República, dejando al resto de represaliados sin
su debido reconocimiento? Algo así está pasando en el caso de los indultos que
se aprueban hoy, ya que sólo reconocen a 9 personas, aquellas implicadas en el
gobierno catalán formal o informal -los Jordis formaban parte de esa comitiva
que transitaba aquellos días el Palacio de la Generalitat como un miembro más
del Govern. El problema es que las personas represaliadas a raíz del “Octubre
catalán” son muchas más.
Son más de 3.000
personas. Quizás no hayan pasado por la sala del Tribunal Supremo español.
Quizás no hayan salido en la prensa española. O no hayan sido visitados por
políticos españoles cuando estaban en prisión. Pero, en Catalunya, hay más de
3.000 personas represaliadas de una u otra manera en el intento del Estado español
por acabar con el movimiento independentista. Algunas exiliadas, como Anna
Gabriel (CUP) o Marta Rovira (ERC). Otras condenadas, incluso con ayuda de la
Generalitat, y pendientes de sentencia firme, como el caso de Marcel Vivet. Y
otras pendientes de juicio por acusaciones que no se sostienen, como las 9 personas
detenidas el 23 de Septiembre de 2019, acusadas de un terrorismo que no ha
producido atentados y cuyas pruebas de acusación son, literalmente, haber
buscado en internet el nombre de conocidos políticos españoles y haberse
reunido supuestamente en Catalunya con la hermana de Carles Puigdemont… cuando
ésta estaba, en realidad, en Bélgica. Más de 3.000 personas, la mayoría anónimas,
a las que el Estado español les ha roto la vida por el simple hecho de pensar
diferente y tener una única aspiración: poder votar en las urnas que Catalunya
se convierta en un Estado independiente del español.
Los indultos son,
por tanto, insuficientes en número. Pero también lo son en su alcance. Y es que,
según parece ser, son indultos parciales. De los tres cargos por los que las 9
personas juzgadas por el Tribunal Supremo están en prisión, sólo serán
indultados por dos. Serán indultados no por la totalidad de los años a los que
fueron condenados, sino que se les perdonarán justo los años para permitirles
salir de prisión hoy y ahora. Las personas indultadas deberán cumplir la ley
escrupulosamente so pena de que se le reactive toda la condena de nuevo. Es
decir, no son indultos, son una libertad condicional concedida por el Consejo
de Ministros.
Controlar el
relato, avanzarte a tus peores noticias
En la política,
existe una norma no escrita que dice que cuando sepas que alguien tiene una
noticia que puede destruirte, lo mejor es que la confieses tú antes de que
salga en portada. Es decir, que hagas una “voladura controlada” de la situación.
El juicio del procés
por parte del Tribunal Supremo fue absolutamente anómalo. Desde la presencia de
un partido político de extrema derecha como acusación particular, hasta el
doble rasero de los jueces para con fiscales acusadores y abogados defensores. Se
consintió a los testigos de la acusación defender un relato emocional de los
hechos (“percibí más odio el 1 de Octubre en Catalunya que en mis años de
servicio en el País Vasco cuando ETA cometía atentados”, decía
un sargento en la sala), pero no a los testigos de la defensa (el caso más
significativo fue el de la
declaración de la filosofa Marina Garcés). O se impidió a los abogados
defensores confrontar a los testigos de la acusación con pruebas que directamente
desmentían su testimonio (recomiendo este
pequeño documental sobre el tema).
En este contexto,
parece evidente que las instituciones judiciales europeas condenarán la
sentencia del Tribunal Supremo como injusta, y es posible que afirmen, igual
que pasó con los presos políticos vascos de 2011, que las 9 personas acusadas
en el juicio del procés no tuvieron un juicio justo.
Así que, antes de
que la noticia te explote en la cara, Pedro Sánchez y parte del Estado español
realizan la voladura controlada del asunto mientras cruzan los dedos para que
parezca una decisión de verdadero estadista y refuerce sus posiciones. Algo a
lo que contribuye la miope lectura de la mayoría del periodismo español, más
empecinado en ver un enfrentamiento de dos bandos extremos -VOX y PP por un
lado, Junts y la CUP por el otro- que en quitarse la camisa blanca de los
ojos y comprender la complejidad de la realidad que intentan representar en sus
páginas.
Valoraciones
políticas
Y lo cierto es
que la capacidad del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos para aprobar un indulto
condicional a las 9 personas juzgadas por el Tribunal Supremo no es más que una
demostración de la poca valentía que hace falta para comenzar a buscar
soluciones políticas al conflicto entre Catalunya y el Estado español. Durante años,
ya más de diez, gran parte de la sociedad catalana -no sólo la independentista,
sino también la mayoría de la unionista- ha estado haciendo una única
exigencia: un referéndum vinculante sobre la pertenencia de Catalunya al Estado
español. Igual que pasó en Quebec, igual que pasó en Escocia, igual que ha
pasado en tantos y tantos lugares. Nada más.
La reivindicación
por un referéndum ha crecido y crecido ante la ausencia de respuesta por parte
de los respectivos Gobiernos del Estado español. La única respuesta que se ha
recibido desde Moncloa o desde el Congreso de Diputados ha sido que el
referéndum era imposible y que no había más que hablar. No ha habido ninguna propuesta
intermedia de profundizar en el estado autonómico para alcanzar una estructura
federal que permitiera a Catalunya proteger determinada legislación -la lingüística,
sobre todo- o avanzar en otra -derechos sociales-, actuando el Estado de ariete
de ataque contra unas, o de freno ante otras.
Ante la propuesta
política vacía del Estado, el movimiento por el referéndum ha crecido hasta el
punto de que, en mi opinión, ya no es evitable. Es posible que, en los próximos
meses o años, el PSOE intente mostrar un acercamiento a Catalunya en base a
propuestas más cosméticas que profundas, como está pasando ahora con estos 9
indultos condicionales. Pero a bien seguro que serán pan para hoy y hambre para
mañana, como fue el Estatut recortado entre Zapatero y Artur Mas. Y es
que la maquinaria estatal ha de entrar en funcionamiento para convocar, e intentar
ganar, un referéndum por la independencia de Catalunya. Es esta la solución
valiente y efectiva del conflicto. Y no hacer voladuras controladas esperando
que la extrema derecha española, si es que queda alguna que no sea extrema,
acabe generando la percepción en la ciudadanía de que tú eres el valiente y los
demás unos cobardes.
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