Foto CC de phalinn |
La llamada Zona Verde, consistía
en un una ciudad bunkerizada,
construida dentro de la ciudad de Bagdad, en donde se alojaban y trabajaban los
empleados de las grandes corporaciones invitadas a gobernar Iraq tras la
invasión estadounidense de 2003. Alrededor de este bunker, un sistema de
seguridad privada y pública se encargaba de controlar los accesos y las
incidencias. Más allá del muro sólo había bárbaros.
Los bárbaros, en realidad, eran los ciudadanos y ciudadanas de Iraq. Los
mismos a quienes pertenecía ese petróleo, ese servicio de aguas, esa sanidad,
ese sistema educativo, y todos los demás elementos estatales que en la Zona Verde se encargaban de comprar,
vender y negociar en bares con aire acondicionado y whiskeys de más de doce
años. Se creaba así un círculo de seguridad entre los ciudadanos y ciudadanas normales y aquellos gestores encargados de la administración.
En estos diez años el proyecto neoliberal ha logrado provocar la caída de
otros países que ni siquiera imaginaba. Grecia, Portugal, Irlanda, España o
Italia. En lo que constituye sin duda el avance geopolítico más importante, todos
estos países han sido abiertos en canal por la factoría friedmanita, quien ha logrado imponer sus tesis frente a las
peticiones keynesianas de más control
que se hicieron al inicio de la crisis.
Una de las consecuencias de esta venta al mejor postor de todo lo público
ha sido el caramelo de la Sanidad Pública. En España existía desde hace ya
tiempo un sistema de cobertura universal, por el que todo el mundo –con
residencia legal o no, con empleo remunerado o no-tenía derecho a ser atendido
en toda la estructura sanitaria española. Pero utilizando la táctica clásica de
comunicación política que podríamos llamar el
aprovechao, el gobierno de Mariano Rajoy ha logrado tirar los muros de la
sanidad universal y construir otros.
En nombre de una supuesta racionalización y control del aprovechao, se ha roto la universalidad
en pos de la creación de diferentes niveles de acceso. Simplificando el decreto
ley, en España sólo tendrán acceso a la sanidad pública los ciudadanos
españoles y aquellos extranjeros que tengan residencia legal.
Ante estos hechos algunas Comunidades Autónomas han decidido dar un paso al
frente y anunciar que ellos sí que atenderán a todo el mundo. Fue el caso de
Cataluña, que en plena orgía de amputaciones al presupuesto de su sanidad
pública –con escándalo de corrupción incluido- afirmó que en su jurisdicción todo seguiría igual. La realidad es
que no.
En Cataluña la reforma sanitaria no ha provocado el mantenimiento de la
universalidad, sino la construcción de dos círculos de seguridad más que se
añaden a los dos círculos dentro/fuera
que ya creaba el Decreto Ley de Rajoy. Se tiene que advertir que una Comunidad
Autónoma no es competente para decidir sobre la universalidad, rota por un
Decreto Ley. El sistema catalán, como veremos, es un avance respecto a la
denigrante legislación española, pero un retroceso si miramos de dónde venimos.
También aquí encontramos la implantación de la cultura del aprovechao para justificar la estructura en círculos de seguridad.
El objetivo de la reforma no es otro que mantener atendidas al mayor número
de personas posibles. Sin embargo, y dado que no existen controles fronterizos
entre Cataluña y sus comunidades vecinas, lo que se impuso aquí fue el miedo a
que el no residente en Cataluña tenga como hobby
venirse a Barcelona –por ejemplo- a operarse de todo aquello que no le operan
en Zaragoza.
Elaboración propia |
Por eso, como se puede ver en el gráfico, la reforma sanitaria catalana
crea dos círculos más de inclusión/exclusión. Por un lado aquellos migrantes
que no trabajan –porque estén ilegales o porque no se han dado de alta en el
INSS- pero que tienen un empadronamiento continuado en Cataluña de tres meses
tendrán una tarjeta sanitaria catalana que les dará acceso a una asistencia
primaria. En caso de que necesiten pasar a la especializada, un comité decidirá
sobre su caso.
El siguiente nivel de seguridad consiste en aquellos migrantes que no
trabajan, igual que los anteriores, pero que pueden demostrar un
empadronamiento continuado en Cataluña de un año. Estos tendrán una tarjeta
sanitaria que les permitirá acceder a la atención primaria y a la
especializada.
Podría parecer un mero trámite administrativo. Pero el empadronamiento de
los migrantes, sobre todo en situaciones de no regularidad, es un camino de
difícil recorrido. Los cambios de casa son constante, los abusos que sufren por
parte de sus caseros o de quienes le
alquilan una habitación, las dificultades que les ponen los propietarios de las
casas para realizar el trámite del padrón, los desempadronamientos sin su
conocimiento… todo esto hace que la presentación de un padrón continuado de
tres meses sea en muchas ocasiones complicado. No digamos ya de un año.
En caso de pérdida del empadronamiento continuado, el migrante tiene que
volver a empezar su recorrido desde la casilla de salida. Esto es, volver a
empadronarse –periplo que puede tardar unos tres meses en muchos casos-,
esperar a estar tres meses empadronado y, sólo entonces, solicitar la tarjeta
de atención primaria, esperando a tener un año para conseguir la tarjeta de
atención especializada.
Este volcado de energías y recursos en controlar quién tiene o no tiene
acceso al sistema sanitario se realiza, precisamente, en un momento en que la
estructura de la Administración pública está en retroceso. Parece poco o nada
lógico, en términos de eficiencia, emplear las energías del sistema en
controlar su acceso y no a controlar otros aspectos del sistema que podrían
tener un impacto más profundo en su mantenimiento.
Nos dedicamos a transformar el exiguo Estado de Bienestar que teníamos en
un Estado del control. Un sistema burocrático encargado de controlar puertas de
acceso que beneficia en última instancia, o al menos no perjudica, a un pequeño
grupo de ciudadanos que se encuentran en el centro de los círculos concéntricos
y que mantienen su posibilidad de escape frente a la catástrofe –social,
económica, política, sanitaria, educativa, etc.- perfectamente intacta.
Los caminos están marcados, y hoy la construcción de la ciudadanía se realiza
desde la pertenencia a diferentes círculos de seguridad. Uno puede estar en el
primer círculo sanitario, pero en el tercer círculo educativo y en el segundo círculo de ciudadanía política. Se
construyen diferentes productos
políticos dirigidos al público preeminente, aquel que se encuentra más en el
centro de todos los círculos concéntricos de seguridad. Aquel que, en el fondo compra los productos políticos a través
de las elecciones y la participación política, tan culpable como el decisor
político de este Estado del Apartheid invisible que estamos viendo construir
hoy día.
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