Gota a gota se hace el río

Llevamos unos días donde, tanto en política internacional como en la política española, el agua es un tema de moda. El 9 de noviembre se presentó en Ciudad del Cabo el Informe Mundial de Desarrollo Humano del PNUD que este año está dedicado a la situación mundial del agua. Como los asuntos internacionales del agua son asuntos bien explicados en otros lugares y además ya habrá tiempo para revisarlos aquí, hoy nos fijaremos en los problemas políticos que la gestión del agua plantea en la política española. Problemas que, no obstante, siguen siendo trasladables a multitud de países.

Por un lado se ha suscitado polémica ante el aviso de la Ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona de que la ley establecerá un mínimo de 60 litros por persona y día a raíz del cual el agua se pagará más cara. El establecimiento del mínimo es un aporte de la ONG Ecologistas en Acción del cual se sienten muy orgullosos a pesar de que el Ministerio lo ha entendido como le ha dado la gana. Este mínimo tiene de beneficioso en cuanto que se obliga al Estado a asegurar que todas las personas –no sólo los españoles y extranjeros legalmente residentes- tienen agua potable en calidad y cantidad suficiente para la subsistencia, independientemente de si la pueden pagar o no –que habría que ver cómo se aplica esto. De resultar así, España sería uno de los principales países en hacerlo y seguir con las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales. La polémica ha salpicado este anuncio al ser entendido como un ataque al progreso de España por parte de algunos alcaldes y presidentes autonómicos de las filas contrarias a Narbona. Si desde la Comunidad de Madrid, su portavoz Ignacio González ha declarado que el Ministerio pretende equiparar a España con “el África subdesarrollada”, desde Valencia la alcaldesa Rita Barberá ha ido más allá y, obviando las comparaciones, ha asegurado que la medida sanciona la higiene de los ciudadanos. Vamos, que la Ministra llama a las masas de España a no lavarse. Esta demagogia que sigue la línea de defensa del PHN en su día, lo único que hace –además de decir que el mínimo de agua es bueno para ellos y no para nosotros- es desatender la principal crítica que se le podría hacer a la propuesta. A saber, sancionar el consumo de los ciudadanos como si ellos fueran realmente los culpables de una situación de sequía o de despilfarro del agua que en realidad ha ocasionado los beneficios a las industrias, la política urbanística de según qué Comunidades Autónomas y, por supuesto, las políticas agrícolas tanto de la UE como de todos los Gobiernos de España.

Porque son las industrias, los campos de golf y el cultivo de productos agrícolas –con subvención europea, por cierto- inapropiados para las zonas áridas de la Península Ibérica, las que se llevan el mayor porcentaje de agua y no lo consumido por las familias españolas. El establecer tramos tarifarios en la factura del agua puede educar en el consumo responsable del agua, pero también puede suponer que aquellas familias que lindan con la pobreza –casi 2 millones de españoles y españolas sufren la pobreza severa- se vean obligadas a reducir drásticamente su consumo o arriesgarse al impago de facturas y posterior corte del suministro.

Además, la Ley de Aguas que se debate en el Ministerio está reflejando la Directiva Marco del Agua de la UE, la cual propone que el coste de las infraestructuras para el servicio esté reflejado en la factura del agua. Recuperación de costes, lo llama. Esta iniciativa está siendo aplicada por instituciones como el Banco Mundial y el FMI en sus programas de cooperación sobre el agua y, en realidad, sólo garantiza libertad para encarecer los precios a las empresas privadas que se metan en este creciente negocio. Porque si el servicio es garantizado por el Estado, éste no ha de verse necesitado de recuperar costes por vía factura, sino que tiene otros mecanismos para socializar la recuperación y que se haga ésta de manera proporcional.

Paralelamente al debate sobre la Ley de Aguas, corrían rumores en estos días inciertos sobre la posibilidad de que el PSOE, bien por medio del Gobierno o bien por medio del grupo parlamentario socialista en el Congreso, retocara las propuestas de reforma estatutaria que emprenden las Comunidades Autónomas incluyendo directrices de la política estatal de aguas. Esta propuesta se acercaría más a la realidad que cualquiera de las que hayamos podido escuchar, pero lamentablemente obedece a otros motivos. La idea del PSOE es dirimir las diferencias existentes sobre el agua en sus distintas federaciones de manera interna, para asegurar que las necesidades políticas, que no ambientales, de cada región quedan satisfechas. Acordándose de su política se olvidan de la política de gestión del agua dejando el problema sin solucionar.

Gestionar el agua de una manera regional y no local es algo que ayuda a su conservación y, por tanto, garantiza el acceso actual y futuro. Es más, esta gestión no debería dejarse en acuerdos entre las mismas Comunidades Autónomas y el gobierno central, sino que debería involucrarse a países con los que compartimos cuencas. El caso del Tajo en Portugal es algo que evidencia esta necesidad, pues cuando en la Península Ibérica no llueve, Portugal sufre una doble sequía al ver cómo las autoridades españolas cortan el flujo de agua río arriba. Todo esto se puede resumir de la siguiente manera: gestión del agua entre las distintas administraciones, sean todas de un mismo Estado o no, contando con la participación ciudadana, con empresas y consorcios públicos fuertes, incluyendo los planes demográficos, urbanísticos, industriales y sobretodo agrícolas de la zona y tomando como principio inamovible que el agua de una cuenca no ha de salir de la misma, pues tiene graves consecuencias sobre el ecosistema y compromete su sostenibilidad. Pero eso sería tomarnos las cosas en serio.