Echaron a Mari Carmen de su casa. La echaron sólo y exclusivamente para hacer negocio, para especular. No importaron los derechos adquiridos, ni la vulnerabilidad asociada a la soledad o a la edad. Y éste, que iba a ser un desahucio como tantos otros que acontecen en la España de los fondos de inversión, fue diferente porque Mari Carmen había accedido a ser la imagen de un movimiento que hace más de 20 años que empuja desde la calle porque no tiene casa.
Poco importa si
esta movilización, que ha vuelto a trufar la Puerta del Sol de tiendas de
campaña llenas de rabia e indignación, ha sido espontánea o ha sido programada
por las organizaciones. Lo que importa es que el problema de la vivienda ha
vuelto a pasar de las lamentaciones y la resignación social a las esperanzas y
las expectativas populares, forzando una ventana de oportunidad para que
Sumar pueda ejercer toda su presión dentro del Consejo de Ministros, para que
Junts y otras fuerzas propietaristas como ERC se vean obligadas a
cambiar su posición pública sobre el tema y, sobre todo, para que el PSOE se
vea obligado a presentar un nuevo Decreto Ley sobre vivienda y a pensar que,
ahora sí, no puede perder la votación en el Congreso.
En el PSOE la de
la vivienda puede ser vista como la bala de plata que le haga girar la tortilla
en un año electoral que se prevé negramente fascista. Frente a este escenario,
se abren dos posibilidades. O que el PSOE intente psoeizar el
movimiento de la vivienda, o que el PSOE acabe siendo víctima de la
desilusión social que puede provocar una política de vivienda de orden.
Looks like you're being PSOEd
Desde el 2 de
junio de 2018 gobierna el PSOE en España. Son más de 8 años los que llevamos
esperando un paso adelante y valiente del gobierno de Pedro Sánchez en materia
de vivienda.
Quienes hemos
trabajado en algún momento en temas de vivienda, más si lo hemos hecho desde el
punto de vista social, sabemos que no podemos pasar, de la noche a la mañana,
de ser la España de las hipotecas basura y los desahucios, a la Viena del
parque público de vivienda para todas. La política de vivienda requiere tiempo,
dicen. No es tan fácil romper inercias históricas y hacer que la VPO sea
siempre vivienda pública. O que todo lo que públicamente se construya sea
accesible al alquiler para los salarios medios y bajos. O adaptar el urbanismo
a la urgencia habitacional de quienes constituyen la urbe. O aunar los
intereses de quienes invirtieron dinero en el ladrillo con los intereses de
quienes sólo están interesados en tener cuatro paredes donde caerse muertos
después del trabajo y, quizás, poder tener una familia o una vida plenamente
adulta, autónoma e independiente.
Es en este
escenario de orden donde el PSOE puede tener la tentación de establecer un
Decreto Ley de mínimos, como el control del precio de los alquileres
-evidentemente, con un complejo sistema que otorgue apariencia de objetivación
e independencia administrativa a una decisión plenamente política-, la
prorrogación de los alquileres de manera obligatoria, la limitación de los
desahucios -de aquella manera-, la prohibición de la compra especulativa de
vivienda o la regulación de los alquileres de temporada. Medidas fantásticas…
si las hubiera aprobado en 2018.
Porque si esas
medidas se hubieran aprobado nada más llegar al gobierno, el PSOE ahora
afrontaría unas elecciones generales de 2027 con una olla exprés de la vivienda
menos presionada, con más personas protegidas frente a la ola de dinero privado
que ha decidido precarizar la vivienda globalmente, y con un marco político que
les haría creíbles tanto a los ojos del mercado inmobiliario como a los ojos de
quienes sufren a este mercado.
Porque no son
malas medidas en sí mismas. De hecho, si las aprueban hoy y se mantienen
durante varios años, veremos una mejora en las condiciones de vida populares.
Pero el problema es que no se puede atajar un problema de largo plazo y uno
urgente a la vez si quieres, además, contentar a dos sectores tan absolutamente
confrontados. Nuevamente, el problema es con quién quieres tomarte un café.
Pero nada de esto
pasó en 2018, sino que está pasando ahora. Estas medidas, que son las que se
prevé que se aprueben en el Decreto Ley de hoy, son similares a las propuestas
por el Sindicado de Inquilinas, principal motor de la movilización de Sol. Así
que, si el PSOE logra sacar adelante todo esto, quizás el movimiento de la
vivienda pueda ser psoeizado, como tantos otros durante este tiempo,
y Pedro Sánchez logre enarbolar la bandera de la vivienda en las próximas
generales, aunque se haya pasado ocho años sin provocar el cambio
imprescindible y necesario en esta urgencia social. Quizás así se logre capear
el temporal fascista durante las generales de 2027.
El guardián del orden
El otro
escenario, sin embargo, no es tan indulgente para el PSOE. Aquí entran en juego
las expectativas de quienes hoy duermen en Sol -o lo hacen en cuchitriles de a
1.000 euros el mes. Si la sensación de victoria no se ve recompensada con un
acceso a la vivienda inmediato -que no lo va a hacer- o con una mejora en las
condiciones -que tampoco- la vivienda puede pasar a ser el eje de que
desmovilice el voto con el que el PSOE tiene que poder contar frente al
fascismo electoral.
Porque si has
dormido en Sol, si has ido a las manifestaciones, si has conseguido que el PSOE
te apruebe el decreto que querías, y aún así no tienes un acceso a un piso
ahora, y todo se fía a una mejora en un futuro indeterminado, si es que no
viene otro gobierno y lo cambia todo, muy probablemente no veas salida a todo
esto, y acabes pensando para qué apoyar a este gobierno.
La crisis de
vivienda lleva tanto, tanto tiempo, y tan absolutamente profunda, que cualquier
política de orden no podrá sino contentar a quienes confían que en el futuro
todo se solucione. Las expectativas en aquello que se puede hacer en vivienda han
bajado, han topado con la legalidad vigente. Y quien tenga dudas puede leer o
escuchar a gente como Javier Burón, exresponsable de vivienda del gobierno
municipal de Ada Colau. ¿Se pueden hacer cosas en vivienda? Sí. ¿Se puede dar la
vuelta a la tortilla rápidamente sin desatar la ira de los grandes actores económicos?
No. Las recetas de la legalidad vigente ya están agotadas si de lo que se
trata es de garantizar el acceso, hoy, a la vivienda. Pueden ser útiles si
se aplican con determinación y constancia. Pero ni aún así darán respuesta aquí
y ahora.
Cargar el cartucho de muchas balas de plata
Barcelona está
llena de tiendas de campaña desde hace años, y no son fruto de la indignación y
de la rabia, sino de la pobreza y la desesperación. Cualquiera que entre a la ciudad
condal por el Llobregat o por el Besós, cualquiera que cruce la Avinguda de la
Marina, podrá ver cientos de tiendas desplegadas de personas que duermen allí
porque no tienen dónde hacerlo. El sinhogarismo no es sólo acceso a la
vivienda, pero su incremento exponencial en cualquier municipio del Área
Metropolitana de Barcelona está muy relacionado con las dificultades de acceso
a la vivienda. El problema es que ahora se asocia a la inmigración, porque la
mayoría de las personas que duermen en esas tiendas son de origen extranjero,
cuando en realidad hace 30 años dormían en una vivienda hacinada.
En Barcelona hace
más de una década que hay familias que se ven obligadas a alquilar un piso,
pagar un par de meses, y dejar de pagar esperando el desahucio ahorrando dinero
para el siguiente piso en donde volverán a pagar una fianza y un alquiler
completamente abusivo.
En el Área
Metropolitana de Barcelona hay familias durmiendo con sus hijos en la calle y sin
recurrir a los servicios sociales porque estos les amenazan con retirarles la
custodia de sus hijos o promover la separación de la familia si es migrante.
Hay muchos
estudiantes que no pueden venir a las universidades de Barcelona porque no
encuentran una habitación que puedan pagar. Muchos trabajadores jóvenes que
sólo pueden visualizar el futuro compartiendo vivienda fuera de la ciudad barcelonesa,
yendo a ciudades dormitorio del Besós o del Baix Llobregat. Muchas personas de
mediana edad que, atravesadas sus vidas por un divorcio, una separación o cualquier
otra circunstancia, ven cómo deben volver a compartir piso, incluso con sus hijos
o hijas dentro.
Y en todas estas
situaciones se ha buscado al culpable equivocado. La inmigración -como con
las tiendas de campaña-, el feminismo -que ha provocado el divorcio-, la
generación más mayor -que tiene una o dos viviendas en propiedad-, cuando son
los grandes fondos quienes han eliminado cualquier posibilidad de hacer una
política de vivienda pública expansiva durante estos 10 años. Cuando es el
mercado completamente desregulado el que ha permitido a algunos pequeños
propietarios invertir hasta convertirse en rentistas. Cuando es el heredero de
una vivienda el que puede decidir libremente el precio de un piso que no habitará
nunca.
El control del
mercado, la expropiación forzosa del usufructo de pisos vacíos -algo que la ley
catalana de 2007 ya preveía-, la rebaja obligatoria del precio actual de los alquileres
-¿de qué sirve congelarlo si ya está a más de 1.000€?-, la regularización
extraordinaria de ocupantes sociales -estableciendo el precio justo del
alquiler del piso y otorgando derechos y obligaciones a ambas partes-,…
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