Cuando viajas al sur de Senegal, a la zona atlántica de la Casamance, el paraíso parece haberse abierto para ti. Playas de arena fina, interminables, se alimentan de las olas del océano que las mece. Entre Gazelle y Gazelle, un rumor recorre el bar de los turistas: ha habido golpe de Estado en Guinea-Bissau. Lo que parece un hecho lejano, se convierte entonces en la angustia de la proximidad. Guinea-Bissau está ahí, justo al lado. Los puestos fronterizos no existen, o no son fiables. El europeo no entiende por qué está todo el mundo tranquilo. Hasta que se lo explican, abriendo otra Gazelle: en Guinea-Bissau hay golpes de Estado todos los días.
La realidad, evidentemente, no se ajusta al chascarrillo del senegalés que atiende el bar. Guinea-Bissau no sufre golpes de Estado todos los días. Ni tan siquiera todos los años. Pero sí que hay una parte de verdad en todo humor: desde que se independizó de Portugal, allá por 1974 –una independencia, por cierto, que sirvió de antesala para el movimiento del Abril portugués que acabó con la dictadura de Salazar- Guinea-Bissau ha vivido 9 golpes de Estado, o intentos de ellos, y ningún presidente ha conseguido acabar su mandato.
Pero este verano la esperanza estaba puesta en el proceso que se había iniciado con las elecciones del año pasado. Dos años después del golpe militar de 2012, y tras un proceso internacional de mediación liderado por Timor Oriental, Guinea-Bissau logró celebrar unas elecciones legislativas y presidenciales que cumplieron con los estándares internacionales. Era el turno de convencer a los principales donantes de que el país estaba preparado para abandonar la inestabilidad. El tándem José Marco Vaz, elegido Presidente de la República, y Domingo Simões Pereira, Primer Ministro con el apoyo de la mayoría absoluta del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC, el mismo que Amilcar Cabral), lograron persuadir este pasado Marzo a la Unión Europea (UE) de que los fondos de ayuda ya podían llegar a Bissau. El reconocimiento internacional y el levantamiento de sanciones se iban produciendo, y Bruselas aprobó un monto de 1.000 millones de ayuda.
Pero el pasado 12 de Agosto, de medianoche, el Presidente Vaz emitió un comunicado por el que destituía al Primer Ministro Simões, algo que generó una gran confusión, ya que la Constitución no da esa prerrogativa al Presidente. De hecho, su figura sólo es la de mero controlador superficial de la labor del gobierno, y es el peso del Primer Ministro el que debe guiar la política nacional. Las miradas, tras el comunicado, se dirigieron a la sede del partido que comparten Vaz y Simões. El PAIGC tiene mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que le corresponde nombrar Primer Ministro –o derrocarlo. Además, Simões ya se había sometido a una moción de confianza, y la había ganado. Por tanto su figura estaba reforzada.
Los motivos reales del enfrentamiento entre Vaz y Simões no están del todo claros. El comunicado presidencial hablaba de falta de respeto institucional por parte del Primer Ministro, abuso de confianza y deslealtad. También acusaba a Simões de obstrucción a la justicia y abuso de confianza. Pero parece ser que el problema estaba en la gestión de 85 millones de euros recién llegados desde la UE, así como discrepancias durante la crisis del ébola de 2014 que vivió toda la región. El punto clave, como tantas otras veces en Guinea-Bissau, es sin embargo el ejército. Vaz y Simões mantienen unas profundas discrepancias en cuanto a la reforma militar, y quien controle al ejército, controla la estabilidad del país.
El PAIGC, partido al que pertenecen los dos políticos, se posicionó claramente a favor de Simões. El Parlamento aprobó, incluso con los votos de la oposición, volver a proponer como Primer Ministro a Simões, quien también tiene el apoyo de los principales sindicatos y quien ha visto manifestaciones populares a su favor. Pero Vaz no lo acepta, y el PAIGC no tiene suficiente fuerza para hacer que lo acepte. De hecho, en una maniobra bastante sucia, Vaz ha nombrado como Primer Ministro a otro miembro del PAIGC, Baciro Dja. Para el Presidente, como el nuevo Primer Ministro es miembro del partido mayoritario, no debería haber problema en que se aceptara.
Estamos ante lo que se ha dado en llamar un golpe constitucional. Vaz ostenta el poder político, aunque no el legal –que pertenece a la figura del Primer Ministro. Dja ha intentado formar gobierno, pero ningún miembro del PAIGC quiere entrar en él. Ante esta tesitura, paradójicamente, está en conversaciones con el partido de la oposición, el Partido de Renovación Social (PRS) para intentar formarlo. Y sólo la división del ejército impide que esta situación derive en un nuevo golpe de Estado.
Las dos facciones dentro del PAIGC, la que apoya veladamente a Vaz, y la que aún se mantiene fiel a Simões, entran en conflicto directo durante estos días en los que la crisis aún está por resolver. Ambos cuentan con apoyos dentro del ejército, pero afortunadamente ni son mayoritarios ni parece que vayan a ir más allá del apoyo moral. En estos días, el Jefe del Estado Mayor ha confirmado a Naciones Unidas que no se inmiscuirán en la crisis política.
Y entre medias de estas relaciones entre facciones políticas, el narcotráfico. Guinea-Bissau es una de las puertas de entrada a Europa más importantes para la cocaína latinoamericana. Se ha llegado a calificar al país como un Narcoestado. La influencia del tráfico de drogas es muy importante en este juego de poderes, y uno de los puntos importantes en la inestabilidad política del país.
La mediación internacional ha vuelto al país, para intentar ayudar a solucionar la enésima crisis. Pero quizás debieran cambiar la perspectiva desde la que las aborda. Es cierto que el ECOWAS tiene fuerzas militares desplazadas a Guinea-Bissau –y se pretende que se extienda hasta 2019-, pero militarizar la situación para evitar que el tráfico de drogas aumente aún más, es decir, evitar que los impactos de la crisis permanente lleguen –aún más- a Europa, no responde a los intereses de Guinea-Bissau. Este país es el ejemplo perfecto de lo que una situación de conflictividad permanente, sin guerra abierta, puede hacer con las estructuras políticas y la vida de las personas. Está situado en todos los ránquines internacionales de inestabilidad política, el 60% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la esperanza de vida no rebasa los 54 años. No dispone de recursos naturales, y por ello su invisibilidad internacional sólo llama la atención cuando se pone el foco en el problema de las drogas. Un político como Dja, acostumbrado a manejar el argumentario de enfrentamiento tribal y religioso, no ayudará a estabilizar la situación. Y las voces que surgen desde Portugal, animando a los políticos guineanos a asumir la situación política –es decir, a Dja- en aras de la tan manida estabilidad política, tampoco. La base del camino hacia el fin de la crisis política permanente está en el respeto hacia la legalidad vigente y, por muy pragmático que se sea, eso sólo pasará por la substitución democrática de Vaz.
Foto de portada: Michel Craig
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