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| Foto F. Díaz. |
Este
era un acto, que aún asignando los peores y malignos sentimientos al
dictador, se podía realizar por la protección que un sistema tiene
frente a la moral individual de cada uno de nosotros. Es el sistema
el que ejecuta, el verdugo legislador no conoce a su víctima y por
tanto no padece moralmente por ella. Y el verdugo ejecutor, aquél
que dispara el gatillo, sólo se siente un engranaje más de una
sociedad con un objetivo marcado. La moral de todos, la vida diaria,
es protegida así por la condición moral de un sistema que, cuando
se rompe, podemos asumir que era él el corrupto, y no cada uno de
nosotros. Nadie mejor que Berlanga y su Verdugo
para escenificar todo esto.
Con el
fin de la dictadura se acabó la legitimación de las políticas de
acción directa. No más muertes directas autorizadas bajo firma del
legislador. No más violencia directa realizada por el sistema. El
sistema se rompió y la violencia sistémica residual se reconvirtió
en omnipresente. Ahora la violencia se ejerce desde diferentes
engranajes y los responsables de la misma están más camuflados por
la moralidad democrática del mismo. Ya no se forma parte de un
proyecto de unos frente a otros (periodo franquista), sino en el
supuesto proyecto de todos (democracia), y por tanto la voluntad del
individuo queda refugiada en la masa electoral y la decisión de las
élites, que haberlas haylas.
El
estilo de hoy día no es firmar sentencias de muerte. Sin embargo
Rajoy parece conceder el mismo derecho de réplica a cada una de las
voces que ahoga con sus Decretos Ley que el que concedía Franco a
sus sentenciados a muerte. Así es el sistema, así se han de decidir
las cosas y no se puede permitir el lujo de reflexionar sobre su
huida hacia adelante. Y para que todos vean su elevada confianza en
el tino de sus decisiones, así como Franco firmaba sus sentencias de
muerte a la hora de la siesta, Rajoy firma las suyas antes de irse al
fútbol.
De
esta manera, los Decretos Ley se han venido convirtiendo en los
primeros siete meses de vida de este Gobierno del PP en una sentencia
de muerte, literal, para muchas personas. Concretamente el Decreto
Ley 16/2012 sobre "medidas urgentes para garantizar lasostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad yseguridad de sus actuaciones”.
Esta
norma urgente, que modifica cuestiones reguladas incluso por Ley
Orgánica, está tomando una forma cada día más tétrica. El
enrevesado tecnicismo de su lenguaje –propio de cualquier ley- no
es si no otro escudo más que la sociedad se ha buscado para separar
el ejercicio de la sentencia de la ejecución.
Con
sólo un Decreto Ley de apenas 35 páginas España ha dejado de ser
un país en donde el Derecho a la Salud estaba garantizado. Esto que
parece tan etéreo no es baladí. A partir de ahora para acceder a
atención médica es necesario pertenecer a la comunidad local. El
forastero que venga sediento marchará sin saciar su sed en caso de
no llevar el papel del color adecuado. Morirá en el desierto, y será
por nuestra culpa.
El
Decreto expulsa de los centros de salud de este país a cientos de
miles de ciudadanos y ciudadanas que por el hecho de no poder
disfrutar de una tarjeta de identificación adecuada se verán
expuestos a la muerte directa. Una persona sin el papel adecuado no
tendrá derecho a un trasplante de riñón, o de corazón. Estos
órganos son nuestros, de nuestra comunidad, dice el Decreto, y no
van a venir de fuera a quedárselos por mucho que su fuerza de
trabajo esté contribuyendo a la economía nacional (sumergida).
Por no
parar allí la sentencia, el Gobierno de Rajoy también ha querido
dar por finalizado el derecho de todo ciudadano con el papel adecuado
a pagar sólo una vez sus medicamentos. Una nueva sentencia, aunque
esta vez no de muerte directa sino de pequeña incidencia personal en
la base más pobre de la sociedad. Desde que se inició la política
del repago –denunciada por la Generalitat de Catalunya en el
Tribunal Constitucional pero impuesta por la misma Generalitat en su
territorio según sus normas- todos debemos volver a pagar los
medicamentos. Tres pagos, uno directo hacia el laboratorio y la
farmacia; otro directo hacia el Gobierno y el último indirecto
también hacia el Gobierno (hip-hip-hurra). El sobrecosto de los
medicamentos dificulta el acceso a ellos de miles de pensionistas de
este país. Y aunque la neolengua jurídica admita la posibilidad de
exenciones y demás artilugios para no pagar, lo cierto es que se
criminaliza al enfermo –sobretodo el de edad avanzada- y se le
persigue para su expulsión del sistema sanitario público. Váyase a
morir a otra parte, que aquí molesta hombre. Y no me tosa encima.
Desde
que a finales de 2007 estallara la crisis económica, son estos
pensionistas ahora atacados los que con su exigua pensión sostienen
a su familia –abuelos, padres e hijos bajo un mismo techo. Sin otra
alternativa que la de resistir con la pensioncita, el dinero extra
que se quiere sea destinado a los medicamentos irá dirigido hacia la
irremediable manutención del resto de la familia, provocando el fin
de la gallina de los huevos de oro –el pensionista.
La
política consiste en el desprestigiado arte de decidir a quién
favorecerán las decisiones que el político toma. No hay decisión
política ninguna que pueda beneficiar a todo el mundo sin excepción.
Siempre habrá unos perjudicados y unos beneficiados. Por eso se
suele decir que ninguna política aguanta un café con los afectados
por ésta. La clave para cualquier político resulta, pues, con quién
quieres tomarte ese café.
La fotografía que ilustra este artículo la tomé yo mismo en el Museo de Historia Política de San Petesburgo. Se trata de una urna donde los visitantes podían votar a favor o en contra de la pena de muerte en una exposición -pretendidamente objetiva- sobre la misma.
Comentarios
Excelente analogía con las penas de muerte. Felicidades de nuevo
de un indigente